Artículo ochenta y uno
Uno. Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deberán conferir su representación a un Procurador y actuar bajo la dirección de Letrado. Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho, aunque no ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado.
Por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-24906), se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de España, modificado por el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21104). Téngase presente que diversas sentencias del Tribunal Supremo declaran la nulidad de determinados de sus preceptos.
Por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2001-13270) se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo y 3 de julio de 2003 declaran la nulidad de los artículos 24.1 y 63.1.f), respectivamente.
Dos. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de Abogado, se requerirá estar incorporado a cualquiera de los Colegios de Abogados de España en calidad de ejerciente.
Artículo 11 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.
Tres. Estarán inhabilitados para actuar como Abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido Magistrados o Letrados del mismo.